Chile se complica y controversias con Bolivia se amplían a otros escenarios

Seis años han sido suficientes para que Chile retroceda y cambie de estrategia. Ahora opta, en medio de contradicciones, por una ofensiva que tensa la relación bilateral en respuesta a las acciones que Bolivia asume en su derecho a un acceso útil y soberano al mar y en defensa de las aguas del manantial Silala.

Si bien la línea discursiva de las autoridades chilenas estaba enmarcada en una negativa a reconocer la existencia de asuntos pendientes con Bolivia, el contexto ha cambiado desde 2011. En 2017, no sólo el debate de los diferendos entre ambos países se desarrolla en un ámbito bilateral, sino se amplía a escenarios multilaterales.

“Bolivia está convencida en que la negociación es el mejor medio para que dos naciones hermanas hablen de frente sin negar sus asuntos pendientes para que en suma dialoguen y encuentren juntos las soluciones que ambas naciones esperan”, sostuvo el presidente Evo Morales el 23 de marzo.

Las contradicciones

Bolivia acudió a La Haya el 24 de abril de 2013. El anuncio fue dado el 23 de marzo de 2011 por el presidente Morales y tomó dos años elaborar la demanda en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar un acceso soberano al océano Pacífico.

En marzo de 2011, el entonces presidente Sebastián Piñera sostuvo que “Chile no tiene una deuda pendiente con Bolivia” y enfatizó que el diferendo marítimo es un asunto bilateral. Cuatro años después, Michelle Bachelet tomó el mando de Chile y también el discurso. Su Gobierno tenía plazo hasta el 18 de febrero de 2015 para entregar su contramemoria, pero prefirió presentar una impugnación para desconocer la competencia de La Haya y frenar el análisis de fondo de la demanda boliviana.

El 24 de septiembre, la Corte se declaró, por 14 votos a dos, competente para analizar el diferendo marítimo. Esa situación provocó la respuesta inmediata de Bachelet, quien sostuvo que la decisión de la Corte no pone en riesgo la integridad territorial de Chile. “Bolivia no ha ganado nada”, sentenció. Al día siguiente, se sumó el canciller chileno Heraldo Muñoz, quien dio una señal del cambio de estrategia en contraste a la aplicada hasta antes del fallo: “¿Por qué vamos a negociar bilateralmente? Ellos escogieron ir a La Haya”.

Luego, Chile decidió dar un paso atrás en su lógica de cuestionar a la Corte Internacional de Justicia y optó por abrir una nueva etapa en su accionar. La mañana del 6 de junio de 2016, la directora de Fronteras y Límites de la Cancillería y actual agente, Ximena Fuentes, presentó ante la Corte una demanda contra el Estado Plurinacional para que sea ese tribunal el que defina la naturaleza del Silala.

Esa jornada, Chile desconoció el acuerdo de 2009 en el que aceptó recompensar económicamente a Bolivia por el uso de las aguas del Silala. Cambió la versión. Explicó que las negociaciones no eran para el pago de los recursos económicos, sino “para la distribución de volúmenes de agua”.

El sábado 4 de abril de 2009, los vicecancilleres de Chile, Alberto van Klavereny, y de Bolivia, Hugo Fernández, se reunieron en Santiago y fueron protagonistas de un acuerdo inicial por el Silala en el marco de la denominada Agenda de 13 Puntos suscrita por Bachelet y Morales el 2006 en sus primeros gobiernos.

Chile aceptó pagar a Bolivia por el uso del 50% de las aguas del Silala hasta que un estudio conjunto demuestre si los recursos hídricos provienen de un río internacional, como indicaba el Gobierno de Bachelet, o de un manantial, como reclamaba Bolivia.

En 2009, Bolivia y Chile estuvieron a punto de firmar un acuerdo en el que se determinaba que Chile debía pagar hasta un 50% de las aguas consumidas hasta que un estudio dé a conocer el origen de todo el afluente del Silala. El acuerdo no se llevó a cabo.

Pese a los litigios internacionales en curso y a la vigencia de la Agenda de 13 Puntos, Heraldo Muñoz mantuvo un discurso que reflejó el ánimo del Gobierno chileno. Por ejemplo, el 14 de junio de 2016, indicó: “No hay temas pendientes con Bolivia, ya que todo se zanjó hace más de 100 años”.

Nuevos escenarios

El 19 de marzo de 2017, nueve bolivianos que realizaban acciones de lucha contra el contrabando en la frontera fueron secuestrados en territorio nacional por carabineros chilenos. El hecho sucedió dos días antes de que Bolivia presente a La Haya la réplica ante la contramemoria chilena en el litigio por el diferendo marítimo.

El 24 y 28 de marzo, periodistas bolivianos fueron retenidos y condicionados en su ingreso a Chile en los aeropuertos de Iquique y Santiago.

En respuesta, Bolivia acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar los agravios a los periodistas y a los nueve detenidos, respectivamente.

En esa línea, el vicepresidente Álvaro García Linera dio a conocer los motivos por los que se asumen tales acciones: “Bolivia está presentando ante los organismos internacionales el incumplimiento de la ley de parte del Estado chileno en cuanto al tratamiento de nuestros funcionarios públicos y otros, la violación de reglamentos y acuerdos internacionales. Chile se ha puesto al margen del orden internacional, del orden legal que rige las relaciones entre Estados democráticos y soberanos”.

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